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El portavoz de Compromiso Manilva, Mario Jiménez, ha lamentado que el Partido Popular de Manilva, con su alcalde José Manuel Fernández a la cabeza, haya permitido la inscripción de los concejales expulsados por los órganos provinciales de Izquierda Unida como Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Manilva.

Esta denuncia la ha realizado Jiménez tras el Pleno de Organización celebrado este pasado lunes en el Ayuntamiento manilveño, “volvemos a presenciar un nuevo atropello legal del alcalde José Manuel Fernández, solo por el hecho de contentar a sus socios de gobierno y permitiendo, sin un dictamen facultativo de los jurídicos del Ayuntamiento y con un informe externo a medida, esta tropelía”.

Jiménez ha señalado que el PP de Manilva “incumple el pacto antitransfuguismo, pasando por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, fichando representantes de partidos rivales para su puesto como alcalde. Fernández ha abierto la puerta en el Ayuntamiento de Manilva esta forma de corrupción y práctica antidemocrática, que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas, dejando que cuatro concejales expulsados de IU se constituyan como Grupo Municipal”.

Un punto del Pleno que se aprobó con los votos a favor de PP y los concejales expulsados de IU y la abstención de PSOE y VOX, “Compromiso Manilva votó en contra de esta trampa que ha permitido el alcalde de Manilva”.

Mario Jiménez señala que Fernández incumple de manera torticera el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

“Unas sentencias que tienden a evitar estas conductas desleales de los tránsfugas, que utilizan las siglas de los partidos para burlar la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos. Este artículo de la Ley, también ordena impedir que, los tránsfugas, puedan recibir compensaciones por su voto determinante en la elección del alcalde”, apuntó el portavoz de Compromiso Manilva.

Hay que recordar que el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, remitió un escrito a la Secretaría del Ayuntamiento, trasladando la expulsión de sus concejales, y la prohibición de constituirse como grupo municipal de Izquierda Unida, tras hacer alcalde al candidato del Partido Popular.

De esta manera la prohibición deducible del artículo 73 de la LRBRL, afecta a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos46.1 y 52.1 del ROF)-

También los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 del ROF) así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, todo lo cual es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional 9 y 246/2012”; como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo 1401/2020, de 26 de octubre, Sala 3ª, Secc. 4ª.

“Los ediles expulsados de IU además han recibido decenas de delegaciones y se encargarán de relevantes áreas de la gestión municipal. Varios, han sido nombrados tenientes de alcalde, vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, todo este atropello permitido por el alcalde José Manuel Fernández, que ha engañado a los votantes, donde tres fuerzas totalmente alejadas en el espectro ideológico, se han unido para dar la alcaldía al Partido Popular”.

El pacto antitransfuguismo es claro “se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

Este pacto refleja que “los partidos políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas”.

Por último, Jiménez espera una reacción de los órganos provinciales del Partido Popular y de Izquierda Unida en Málaga, y de los organismos autonómicos y estatales encargados de tutelar el cumplimiento de la Ley en las resoluciones que adoptan los ayuntamientos.